Quiebra

Quiebra de personas: Una oportunidad para recomenzar en Pandemia

No es una decisión fácil, pero en algunos casos es recomendable dar este paso. Declararse en quiebra o hacer una liquidación voluntaria es, hoy en día, una opción válida para pagar deudas mediante la venta de los bienes. Lejos del estigma vinculado al fracaso y al mal manejo financiero, en la actualidad, la Ley de Insolvencia y Reemprendimiento, N° 20.720, supone la existencia de un mercado impredecible, dejando de lado la variable única de una mala administración.

Como lo indica su nombre, se asume que al caer en la deuda no es por exclusiva responsabilidad del afectado, sino por factores externos. Es más, hay una invitación implícita a empezar de nuevo, a pesar de las pérdidas. Sin duda, esta nueva ley -que reemplaza a la dictada en 1929- está pensada para brindar segundas oportunidades. Parte de la base que todos tienen el derecho a declararse en quiebra y, así, poder reintegrarse al mundo de los negocios.

No es necesario contar con un cierto nivel de sobreendeudamiento, pero sí es fundamental acreditar que los ingresos no son suficientes para cubrir los gastos. Pueden acogerse los trabajadores cesantes, jubilados, dueñas de casa o estudiantes universitarios. Para hacerlo, se debe presentar una solicitud de liquidación voluntaria ante el tribunal, la cual debe incluir una lista de bienes, con su ubicación y los gravámenes; listado de bienes que no sean embargables; numeración de juicios con efectos patrimoniales y estado de las deudas.

Dado que en este proceso hay beneficios y desventajas, se recomienda siempre evaluar bien lo que verdaderamente implica tomar esta opción. No sólo porque se pierde el control sobre la administración de los bienes, sino también porque estos deben ser vendidos para que los fondos recaudados se repartan entre los acreedores. Cabe mencionar, además, que deudas, como la del crédito con aval del Estado, no prescriben luego del proceso de renegociación, por lo tanto, es fundamental documentarse y averiguar si una determinada deuda entra en este tipo de procedimiento.

A nivel familiar, si el deudor está casado en sociedad conyugal, pueden incautarse los bienes del matrimonio. A esto se suma que puede embargarse hasta el 50% del sueldo en el caso que la deuda sea por obligación alimenticia. En el otro extremo, es decir, viendo el lado positivo, hay que considerar que el procedimiento es gratuito, aunque se exige el patrocinio de un abogado especialista. Quien se declara en quiebra, se libera de la presión de los acreedores, pues se reúnen todos los juicios en un solo procedimiento.

El proceso termina cuando el tribunal dicta la resolución y esta se encuentra ejecutoriada, es decir, se hace efectiva. Por su parte, la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento emite un certificado de rehabilitación financiera. Así, se limpia el historial crediticio y la persona puede entrar nuevamente al mercado.

Por Iván Cifuentes, Director de Cifneg Consultores.

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